Autonomía digital y tecnológica

Código e ideas para una internet distribuida

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Se trata de la residencia digital (o e-residency, en inglés), con la que cualquier persona puede hacerse residente de este pequeño país de 1,3 millones de habitantes sin necesidad de vivir allí.

La residencia digital no aporta la ciudadanía ni exime de la necesidad de la visa. El objetivo es que los nuevos residentes contribuyan a la economía del país utilizando sus bancos y abriendo empresas.

La residencia digital, en cambio, permite a los emprendedores abrir su negocio sin necesidad de contar con un director local en el país, así como acceder a los servicios bancarios y de pagos online, declarar los impuestos a través de internet o firmar documentos sin poner pie en Estonia.

La iniciativa se lanzó en 2014 y ya hay más de 20.000 residentes digitales. En total, manejan unas 3.000 empresas, según datos oficiales.

…los datos empoderan y dan herramientas a los ciudadanos para diseñar sus propios espacios. El derecho a construir (Right to Build) busca abordar la crisis económica de la vivienda y el futuro de la planificación urbana democrática, un desarrollo dirigido por los ciudadanos, capaces de pensar viviendas, infraestructuras, barrios y ciudades resilientes. El sector ciudadano puede ser el agente principal del diseño urbano para que las ciudades sean creadas por los vecinos y no para ellos.

The service, called Dataset Search, launches today, and will be a companion of sorts to Google Scholar, the company’s popular search engine for academic studies and reports. Institutions that publish their data online, like universities and governments, will need to include metadata tags in their webpages that describe their data, including who created it, when it was published, how it was collected, and so on. This information will then be indexed by Dataset Search and combined with input from Google’s Knowledge Graph. (That’s the name for those boxes that pop up for common searches. So if dataset X was published by CERN, some info about the institute will also be included in the results.)

Apuestáis por la defensa de la vivienda desde la vertiente de la lucha colectiva. ¿Qué ventajas supone esto?

Tener delante un Sindicato de Inquilinos y no un inquilino individual puede hacer que muchos propietarios o intermediarios que tengan intenciones de maximizar las costas al arrendatario se lo piensen dos veces. Si bien la palabra quizás no es intimidación, al menos sí habrá cierto respeto que parece que de manera individual no siempre se tiene. Es muy importante estar empoderados e informados, ya que te sitúa en otra posición frente al interlocutor.

¿La sociedad entiende que un desahucio por alquiler es menos grave que uno por hipoteca?

En general parece que los desahucios por alquileres son algo más ‘leve’, sí. Sobre todo por el hecho de que no hay el endeudamiento de por vida que hay en el caso de las hipotecas. Para nosotros, una pérdida de la vivienda para alquiler por una subida de precio es un desahucio invisible. Esto puede conducir a una situación muy dramática y de vulneración del derecho a la vivienda dadas las circunstancias actual en las que el mercado está al alza y que los precios son impagables. Si te desahucian por hipoteca o alquiler, al final te encontrarás que no puedes pagar los precios que hay actualmente.

¿Por qué decís que es invisible exactamente?

Decimos que es invisible porque no se reflejan en las estadísticas sobre desahucios. Por la comprensión social que tenemos no lo asimilamos como un desahucio pero es una negación del derecho a la vivienda.

¿Es una falacia que el inquilino podrá encontrar otro piso yéndose al área metropolitana?

Totalmente. La semana pasada se hizo una asamblea de 150 viviendas en Sant Joan Despí que están en manos de un banco. La falacia de que nos suburbanizamos y que si vamos hacia el área metropolitana arreglamos el problema no es verdad. Los fondos buitres y los inversores también están apuntando sobre el área metropolitana. Además, el parque de vivienda de alquiler disponible no podría acoger un eventual o potencial desplazamiento de todos los inquilinos de la ciudad de Barcelona. No funciona esta idea que simplemente vamos más lejos y ya está. Otro problema es que tampoco funciona en términos de derecho a la ciudad. La crisis habitacional está rompiendo el tejido social de la ciudad, por eso debemos defender con uñas y dientes.

Hablas de fondo buitres e inversores… ¿De quién es Barcelona?

Hay un gran vacío de datos y transparencia sobre la estructura de la propiedad en la ciudad de Barcelona. Esta es una de las reivindicaciones que estamos haciendo en el Ayuntamiento muy claramente y al Incasòl. Son datos que existen, están en el Incasòl, porque allí tienen constancia y el registro de la propiedad también los tiene pero no están cocinados y no se hacen públicos en nombre de la protección de datos.

No se pueden dar datos de particulares… ¿Pero sí podrían hacerlo de personas jurídicas?

Esto se podría hacer y nos podrían dar una idea de cómo de grandes y pequeños y cómo están distribuidos los tenedores en la ciudad. Esto nos permitiría desmontar la idea de que España es un país de pequeños propietarios donde todos tienen su piso o uno que se ha heredado de un familiar. Cuando atacamos a los propietarios no vamos a por los pequeños propietarios ni comprometemos los intereses de la clase media que tiene un piso o dos.

El servicio de inspección de Etxegintza rastrea los numerosos anuncios de pisos turísticos en busca de pruebas de prácticas irregulares en las cerca de 1.900 viviendas en régimen de alquiler que constituyen el parque municipal de VPO —el Gobierno vasco tiene su propio parque de VPO en régimen de alquiler y compra en la capital guipuzcoana y su propio equipo inspector—. En ocasiones, ante indicios de fraude, se han llegado a hacer reservas por internet haciéndose pasar por turistas para intentar pillar al usuario de la vivienda pública con las manos en la masa.

La principal pista se encuentra en el movimiento de turistas por estas zonas. Así, se vigila el trasiego de maletas o la presencia de matrículas extranjeras en las cercanías de las viviendas. A este último respecto, el servicio de inspección ha certificado la presencia de coches de diferentes nacionalidades en una misma plaza de garaje correspondiente a un beneficiario de VPO.

La labor inspectora es “muy importante”, pero la “clave” para que la unidad de vigilancia de apartamentos turísticos en VPO pueda detectar estas infracciones son las denuncias vecinales.

La otra práctica fraudulenta, que puede sonar ‘a priori’ menos grave pero que es “igual de prohibida”, es el intercambio vacacional de casa por casa que “se supone sin lucro económico”. Aquí, se ha certificado que el trueque se ha producido en un caso mientras en que otros dos se investiga si este se ha consumado finalmente tras la publicación del anuncio.

El propio mecanismo de construcción de las clases sociales en el mercado inmobiliario necesita la segregación para que haya un diferencial de precio. Como decía un amigo, tú pagas para que no estén los más pobres al lado de ti cuando compres una vivienda.

En el caso de Madrid, la gente que se ha ido a vivir a Getafe u otras ciudades del área metropolitana ha sido principalmente aquella con estudios, quedándose en los barrios originarios los padres sin estudios y familiares que no han prosperado. Ese barrio, en relación a la media nacional, está peor, aunque en términos absolutos quizá esté igual que hace diez años. Lo que pasa es que no ha mejorado al mismo nivel que las ciudades de nueva residencia de sus vecinos más prósperos.

La aparición de plataformas como Airbnb está generando controversias con vecinos y administraciones públicas. ¿Cómo valora la irrupción de este fenómeno?

Cuando utilizas un elemento residencial -que tenía un valor como tal y competía con otros precios- con fines turísticos se generan tensiones. Por un lado, la relación con los habitantes del edificio: si tu edificio es residencial, tú tienes derecho a que todos los pisos sean residenciales. Y si hay una parte que no es residencial, debe haber alguien a cargo, como en las pensiones. Ahora mismo tienes tres pisos en Airbnb y no tienes ni a quién dirigirte.

La otra tensión se produce desde el punto de vista de precios. Está claro que ganas mucho más alquilando a turistas que con un alquiler residencial, pero si eso es una actividad económica con esa tasa de beneficio, tiene que tener las mismas condiciones que cualquier otra actividad económica. Es lo que están intentando hacer algunos ayuntamientos: poner límites y, cuando se pongan, que haya servicios como punto de contacto, donde se pueda acudir en caso de conflicto. No solo por el alquiler, si no por los perjuicios que puede generar.

Ahí está la falacia de la economía colaborativa: un montón de gente encuentra un espacio desregulado y viva fuera de la norma. Si no pagas impuestos, eso no es economía colaborativa, es defraudación colaborativa.

El sistema está pensado para que pagues lo máximo que puedas. Es uno de los problemas de Internet y la economía colaborativa: te hace entrar en una subasta infinita contra miles de personas. Antes quien alquilaba un piso tenía unas pocas decenas de personas interesadas pero ahora, si el piso está en buena situación, hay miles de personas tras él, y siempre algunas tendrán más poder adquisitivo, lo que marca los precios.

También se ha producido una carencia de pisos en alquiler que viene por dos motivos. El primero, hay gente que no quiere vivir donde hay otro tipo de viviendas y empieza a competir en esta subasta por los espacios más próximos. Eso hace que las subastas se vayan extendiendo más allá de las zonas céntricas.

El otro fenómeno ha sido la nueva ley de arrendamientos urbanos, que pasó el contrato de cinco a tres años, con lo cual un montón de gente se ha encontrado con sus pisos sin inquilinos dos años antes, justo en el momento en el que todo el mundo está entrando en esa subasta.

Hay que regular el mercado de vivienda en alquiler, que es un bien social, para que tenga unas normas que lo hagan estable, que eliminen el efecto subasta. Es decir, al revés de lo que se está haciendo. Ahora mismo, a todo aquel que tiene un piso alquilado le descuenten un porcentaje en torno al 60% al hacer la declaración de la renta, independientemente del precio de la mensualidad, del tipo de alquiler o sus condiciones.

Habría que extender la supresión del factor subasta también a otros puntos. Las Viviendas de Protección Oficial (VPO) no deberían poder venderse libremente, pero entras en la página web del Ministerio [de Fomento] y casi lo primero que encuentras es cómo se puede desclasificar la vivienda VPO para pasarla al mercado y venderla.

Hay quien ya habla de una burbuja de la vivienda en alquiler.

La burbuja es un concepto distinto. Las burbujas financieras no se producen con la renta real, sino mediante créditos: tuvimos que importar dinero de fuera para las hipotecas. El concepto burbuja puede producir una reflexión poco clara sobre el tema. Lo que hay es una traslación de los fenómenos de desregulación sobre un mercado que tendría que tener una regulación mayor; por ejemplo, ampliando los tiempos de duración de contratos. El problema que nos encontramos no es tanto una burbuja, sino que el alquiler se ha desregulado.

En los últimos años hemos visto cómo caían uno a uno los mitos tecnooptimistas. Internet no se autorregula, no es neutro, no es fiable. Probablemente ni siquiera sea bueno para nuestros cerebros. Para mí, también cae el mito de que gracias a él puedes vivir donde quieras, de que ayudará a romper la brecha campo-ciudad. No solo no está quitando presión de las ciudades, sino que está rematando la falta de infraestructuras rurales. Es una más de las mil cosas que faltan. Debía ayudar a poblar, pero su ausencia contribuye a despoblar.

Mientras zonas enormes de España están despobladas todo sigue empujándonos a las ciudades, alimentando aún más los extrarradios que ya engordaron nuestros antepasados. Mientras permitimos que políticos y medios hablen únicamente de polémicas que solo interesan en Madrid y Barcelona, en la España vacía nada está garantizado. Lo único seguro es que cada año son menos habitantes y que los servicios que se pierden ya no se recuperan. Igual cuando acabe de llegar Internet ya no queda nadie allí para usarlo.

El capitalismo moderno funciona colonizando la imaginación de lo que la gente considera posible. Marx ya se dio cuenta de que el capitalismo tenía más que ver con la apropiación del entendimiento que con la apropiación del trabajo. Facebook es la penúltima apropiación de la imaginación: lo que veíamos como útil ahora se revela como una manera de meterse en la conciencia de la gente antes de que podamos actuar. Las instituciones que se presentaban como liberadoras se convierten en controladoras. En nombre de la libertad, Google y Facebook nos han llevado por el camino hacia el control absoluto.

No queremos afrontar que lo gratuito implica siempre una forma de dominación.

El capitalismo tiene tendencia a pasar con gran facilidad del mercado al monopolio. Y ahí, con la represión de la competencia, empiezan los grandes problemas, la gran desprotección. Con monopolios, el capitalismo pasa de ser el sistema de la competencia a ser el de la dominación.

“¿Hasta cuándo tendré empleo? ¿Hasta cuándo viviré con mi pareja? ¿Hasta cuándo habrá pensiones? ¿Hasta cuándo Europa seguirá siendo blanca, laica y rica? ¿Hasta cuándo habrá agua potable?”. Marina Garcés planteaba estas preguntas en su libro Nueva ilustración radical. De alguna manera, también, descubría nuestra fascinación por el apocalipsis.

La obsesión por el colapso muestra nuestra incapacidad para imaginar el futuro.

El solucionismo es ya casi una ideología. Dispone de sus propios términos y de sus propios artefactos: machine learning, computación cuántica, crispr, blockchain, etc. Exceso y velocidad son la materia prima del solucionismo. ¿Y nosotros? Nosotros somos meros consumidores de una idea de futuro que nunca parece llegar.

Tal y como lo define Evgeny Morozov (La locura del solucionismo tecnológico), el solucionismo es la ideología que legitima y sanciona las aspiraciones de abordar cualquier situación social compleja a partir de problemas de definición clara y soluciones definitivas. Los sistema predictivos basados en machine learning (una disciplina de la inteligencia artificial) son un buen ejemplo de este sometimiento a la solución. La complejidad es reducida a un conjunto de variables y a partir de ahí se elaboran modelos predictivos. El resultado último es que las máquinas tomen las decisiones importantes sobre nuestra propia vida.

En la utopía solucionista, los humanos podrán ser estúpidos porque el mundo mismo será inteligente. Los objetos, los dispositivos, los datos, los algoritmos y los sistemas que los organizan, estarán perfectamente alineados no para hacernos más productivos; de lo que se trata es de delegar la inteligencia misma. Los neoliberales parecían decir que como es muy difícil ponerse de acuerdo es mejor no intentarlo y por eso despreciaban la democracia; los solucionistas nos dicen directamente que dejemos de pensar. En términos de Marina Garcés estamos ante un gesto de pesimismo antropológico sin precedentes.

At GPLDL we felt that releasing “Premium WordPress Plugins” and “Premium WordPress Themes” only to people who purchase support licenses constrains the dissemination of GPL-licensed software. So we decided to break up these expensive packages by providing the exact code available from the developers for download at GPLDL.

That’s why we set up GPLDL as a club – legally sharing hundreds of Premium GPL-licensed WordPress items with our members. That gives all of our members access to the code they actually need by removing the developer’s support they are otherwise forced to pay for.

The GPL licence, which is the foundation of WordPress and all plugins in the WordPress repository, is a great license, no doubt. It has permitted WordPress to become what it is today, and have such a wonderful community form around it.

I’m lately seeing a small surge in the number of people who are taking advantage of the GPL in what many consider an unethical way. I’m talking about the WordPress plugin stores that are cropping up and selling plugins developed by other people.

Google is reportedly working on an A.I.-based health and wellness coach.

Thanks to its spectrum of hardware products, Google would have a notable advantage over existing wellness coaching apps. While its coach, as reported, would primarily exist on smartwatches to start, Android Police noted that the company could include a smartphone counterpart as well. The company could also eventually spread it to Google Home or Android TV. The latter is unchartered territory for these kinds of apps, which are typically limited to smartphones and wearables. With availability in the home, lifestyle coaching recommendations could become increasingly contextual and less obtrusive. If you ask for a chicken parmesan dinner recipe, it could offer a healthier alternative instead; or if you’re streaming music at 10 p.m. and have set a goal to get more sleep, perhaps it could interrupt your music playback to remind you start getting ready for bed. A smartwatch or phone could do this too, of course, but by linking up its product ecosystem, Google could deliver helpful notifications in the context that makes the most sense.

Termtosvg es una herramienta en linea de comandos que nos permite grabar nuestras sesiones de terminal en un entorno de animación SVG. Se trata de un formato soportado por los principales navegadores web (Chrome, Firefox que fue pionero a principios de esta década, Safari…), con la excepción del Edge de Microsoft, algo que a los linuxeros tampoco nos preocupa demasiado.

Creado en Python y con licencia libre BSD (3-Clause), termtosvg nos recuerda en diferentes aspectos a herramientas como script o el más reciente asciicinema, siempre una referencia a la hora de hacer demostraciones y tutoriales.

Medical errors are the third leading cause of death. For example, when doctors analyze X-ray lung images, they fail to diagnose early lung cancer in 69 percent of cases! There are many hundreds of examples like that in healthcare. But artificial intelligence can dramatically reduce the number of such errors!

Skychain intends to provide an infrastructure to radically increase the efficiency of healthcare AI development and training. It will make diagnostic AI systems far more accessible and affordable for the consumer by using blockchain technologies to facilitate safe transactions between the key parties.

The project is based on the revolutionary approach of using smart contracts to bring together many healthcare big data providers whose data is vital for AI training, thousands of independent AI developers, computational resource providers (crypto miners), and millions of consumers.

The ‘$’ character introduces parameter expansion, command substitution, or arithmetic expansion. The parameter name or symbol to be expanded may be enclosed in braces, which are optional but serve to protect the variable to be expanded from characters immediately following it which could be interpreted as part of the name.

When braces are used, the matching ending brace is the first ‘}’ not escaped by a backslash or within a quoted string, and not within an embedded arithmetic expansion, command substitution, or parameter expansion.

Lo que se debe hacer es actualizar un directorio en la variable PATH la cual posiblemente al actualizar la rama se pudo desconfigurar.

sudo export PATH=$PATH:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin

Y luego para que esta asignacion no se pierda al reinciar el equipo. Se debe configurar la variable PATH de forma permanente editando el archivo de configuración de su shell de conexión. Como por lo general el shell BASH es el más utilizado, debe editar su archivo:

echo 'export PATH=$PATH:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin' >> /home/usuario/.bashrc

“El principal problema que le veo al activismo basado en el consumo (no compro de esto, no voy a esta tienda) es que tiende a ser individual. Puede haber un boicot colectivo, pero siempre depende de la responsabilidad de cada cual. El activismo en la producción tiende, en cambio, a ser colectivo. Como en los sindicatos laborales o, en cierto modo, en los sindicatos de inquilinos. De hecho, creo que tiene más sentido ir a la base del problema: las relaciones de producción y de propiedad. Ambas formas de activismo son combinables, pero la del consumo crítico tiende a reflejar dinámicas de mercado: compro o dejo de comprar por preferencias individuales”. De hecho, él mismo reconoce usar Amazon: “Lo uso porque tienen una oferta que no encuentro en otro lugar, como libros descatalogados a buen precio porque no puedo encontrarlo en librería afín o cercana. Y porque es cómodo, para qué vamos a negarlo”.

NeXT (later NeXT Computer and NeXT Software) was an American computer and software company founded in 1985 by Apple Computer co-founder Steve Jobs.

NeXT introduced the first NeXT Computer in 1988, and the smaller NeXTstation in 1990. The NeXT computers experienced relatively limited sales, with estimates of about 50,000 units shipped in total. Nevertheless, their innovative object-oriented NeXTSTEP operating system and development environment were highly influential.

NeXT also developed WebObjects, one of the first enterprise Web application frameworks. WebObjects never became very popular because of its initial high price of $50,000, but it remains a prominent early example of a Web server based on dynamic page generation rather than on static content.

La nueva legislación de las SOCIMI y la reforma de la LAU entran en vigor en 2013. Desde el año siguiente se disparan los precios de los alquileres, con subidas astronómicas lideradas por Barcelona y Madrid.

Fondos de inversión internacionales empezaron a comprar paquetes desorbitados de entre 200 y 2.000 viviendas por precios muy por debajo del mercado.

Los bancos se deshacen de sus paquetes de viviendas tóxicas, que serán adquiridas por fondos buitre en un mercado articulado sobre SOCIMI. Al mismo tiempo, la banca española comenzaría un proceso de inversión en SOCIMI para captar parte de los beneficios del nuevo ciclo.

El objetivo no solo es el beneficio que su actividad genera en el mercado, sino la revalorización del inmueble como activo financiero-inmobiliario. La inversión masiva en activos inmobiliarios se basa en las expectativas de que dichas inversiones producen de manera automática mayores subidas del valor de los activos.

La burbuja de alquileres generada de forma intencionada por las políticas del Gobierno ha sido un medio para reactivar a su vez una burbuja inmobiliaria en toda regla.En el periodo post-2008, una vez más, la intención del Gobierno ha sido reactivar una burbuja desde el sector de los alquileres, que se iba a articular sobre tres ejes y fases: una burbuja de alquileres, que impulse una burbuja de compraventa e hipotecaria, que a su vez genere un nuevo ciclo de construcción de vivienda de obra nueva.

Ante las dificultades para alquilar y las subidas de precios, la opción de compra se vuelve una solución cada vez más rentable y extendida para quienes “se lo pueden permitir”. Más como necesidad que como deseo, ya que muchas de estas personas preferirían vivir de alquiler pero se ven forzadas a la compra ante los abusos del mercado de alquiler.

Ante las dificultades para alquilar y las subidas de los precios, por muy increíble que parezca, emergen una vez más los discursos pre-2008: es mucho mejor comprar que alquilar, una hipoteca a 30 años es más rentable y se paga menos que alquilando.

El Gobierno del PP y los especialistas del sector, insistían una y otra vez en que las subidas de los alquileres se deben a que la demanda de vivienda supera a la oferta, y en que la solución pasa por edificar más vivienda. Pero las políticas de oferta, basadas en la construcción masiva de vivienda, solo buscan aumentar la burbuja, ya que España es uno de los países del mundo con más vivienda construida por habitante y con más vivienda vacía de Europa.

Cómo ya sucedió con la burbuja de 1995-2007, cuanto más se construya y cuanto más se urbanice, mayor será la subida de los precios de la vivienda

Hello and welcome! We (Matt Stempeck, Micah Sifry of Civic Hall, and Erin Simpson, previously of Civic Hall Labs and now at the Oxford Internet Institute) put this sheet together to try to organize the civic tech field by compiling hundreds of civic technologies and grouping them to see what patterns emerge. We started doing this because we think that a widely-used definition and field guide would help us: share knowledge with one another, attract more participation in the field, study and measure impact, and move resources in productive directions. Many of these tools and social processes are overlapping: our categories are not mutually exclusive nor collectively exhaustive.

la Comisión Europea propone entre otras cosas hacer que los agregadores de noticias, plataformas de contenidos y redes sociales paguen a las empresas editoras de las noticias por usar, total o parcialmente, contenidos que no son suyos.

Si esta regulación produce una cierta sensación de deja vu, es porque en España ya la tenemos, se llama canon AEDE -Tasa Google para los amigos- y es parte del artículo 32.2 de la nueva Ley de Propiedad Intelectual. La importantísima diferencia es que el modelo propuesto por la Comisión no es obligatorio. Las empresas de noticias tendrían derecho a reclamar ese dinero pero también pueden renunciar a hacerlo. Y tampoco hay un cobrador intermediario que se beneficia del proceso sin haber producido contenido alguno.

En España, el cobro de estos derechos “conexos” es irrenunciable, pero no los cobra el periódico, la productora o la revista que los ha generado sino CEDRO, con carácter retroactivo desde enero de 2015. Las empresas de noticias que no son socias de CEDRO no reciben un céntimo de la recaudación generada de su propiedad intelectual y las que son socias, todavía no saben cuándo ni cuánto cobrarán.

Even if Amazon optimized solely for consolidation and fuel efficiency, consumers are shopping so often that it makes sustainable, efficient delivery difficult.

Free and fast shipping has always been a Prime membership’s marquee perk — one that’s drawn in over 100 million subscribers who pay $119 annually. A 2017 study by UPS found that nearly all (96%) US customers had made a purchase on a marketplace like Amazon or Walmart, and over half (55%) said free or discounted shipping was the primary reason.

That convenience is encouraging people in the US to buy more, and to make more individual purchases rather than placing a single order for several items.

people aren’t offsetting the traffic to shopping malls and grocery stores by buying online. “The problem is we are still doing both, meaning there are more emissions and more congestion,”

Amazon is only speeding up customers’ options. In addition to free two-day shipping for Prime members, Amazon added free two-hour delivery with a new service, called Prime Now, in 2014, and it increasingly relies on hundreds of thousands of independent contractors with passenger cars to make those deliveries. Amazon’s Flex program, which operates in 50 US cities, is an app-based platform like Uber, but instead of dropping off people, Flex drivers drop off Prime packages or groceries.

Those drivers’ cars are typically smaller than commercial delivery vehicles, so they can’t fit as many packages or complete as many deliveries per tour. They’re taking longer routes, too. “Drivers are going from their home base to a warehouse to your house, and back to their home base. And warehouses are farther than the store you would have gone to,” Goodchild said.

Our engineers disassembled and analyzed each device, awarding a repairability score between zero and ten. Ten is the easiest to repair.

A device with a perfect score will be relatively inexpensive to repair because it is easy to disassemble and has a service manual available. Points are docked based on the difficulty of opening the device, the types of fasteners found inside, and the complexity involved in replacing major components. Points are awarded for upgradability, use of non-proprietary tools for servicing, and component modularity.

it’s hard to buy ethically because there are so many issues to take into account when buying any product

[Smartphones have] so many components from different countries, which all have their own challenges regarding fairness.

Devices vary, but your average smartphone may use more than 60 different metals. Many of them are rare earth metals, so-called because they’re available in smaller quantities than many other metals, if not genuinely rare.

Often, these substances are found in conflict zones, such as the Democratic Republic of Congo.

Labor issues are often at the heart of the most controversial stories concerning the technology industry. In January, Bloomberg exposed working conditions at the Catcher Technology Company factory in China, which makes iPhone casings. It revealed that some workers had to stand for 10 hours a day in a noxious, potentially toxic, environment without proper safety equipment.

If you’re on the hunt for a smartphone that isn’t produced with the sort of intensive labor that most of us would wince at, chances are you’re not going to be satisfied. Even smaller companies, like Fairphone, with its public commitment to offering a better deal, struggle with the systemic problems of the industry. Its handset is manufactured in Shenzhen, but as Huhne explains, “if you want to change the industry, you have to go where it is.” He says suppliers are often surprised when Fairphone reps ask how they could improve working conditions in partnership.

Smartphones, and consumer technology more generally, don’t just have the potential to harm the people building them. There is also the enormous environmental damage caused in the handsets’ production, through resource extraction, intensive manufacturing and transport.

The organization found there’s plenty of environmental blood that can be laid at the door of the smartphone. In the last decade, production of the devices has consumed nearly 968TWh, enough to power India for a year. In 2017, smartphones, and related products, made 50 metric tons of e-waste — discarded smart devices and their accessories — and it’s only going to get worse.

there’s iFixit, which publishes a chart of smartphones ranked by their repairability. Unsurprisingly, Fairphone 2 tops the list, and sadly the rest of the top five is filled out with older devices, like Motorola’s Droid Bionic and Atrix 4G (both 2011). The current run of flagship devices from from Google (6/10), Apple (6/10) and Samsung (4/10) demonstrate somewhat less commitment to repairability.

EPEAT, a green electronics standard based on the IEEE 1680 framework, helped supercharge environmental standards back in 2006. EPEAT grades consumer electronic products against 1680, awarding a bronze, silver and gold ranking. The regime includes mandates on recycled plastic, manufacturer recycling programs and a reduction on the use of hazardous materials. The latter category has helped drive down the use of poisonous substances like lead, cadmium and mercury in countless consumer devices.

But Schaffer’s report is critical of EPEAT’s leadership role, citing the moment when Apple released the 2012 MacBook Pro with Retina Display as its death-knell. The laptop shipped with a variety of non-upgradeable parts, a glued-in battery and a proprietary non-user-replaceable SSD. Despite this, the device was awarded gold certification, and in Schaffer’s eyes “effectively gutted the modularity criteria in the standard.”

the issue, right now, is with standards development itself. It can take the better part of a decade to produce a new standard, and it’s a laborious process of negotiation between the industry, its regulators and relevant stakeholders. “Because these standards-development processes are taking four, five, six years,” she explains that some smaller stakeholders “don’t have the financial wherewithal to continue.” Specifically, smaller IT companies, security experts and environmental advisors who lack the time and resources to remain involved. Gillis believes that this results in the standards’ development becoming unbalanced in favor of larger manufacturers.

It seems that big manufacturers have carte blanche to define their devices as environmentally friendly.

El principio básico de la economía colaborativa es que el recurso que se consuma sea un bien temporalmente en desuso. Lo que se observa (Gil, 2018) en la mayoría de las plataformas es que los recursos que se introducen en el mercado no cumplen la función de ser bienes ociosos tratándose más de bienes de inversión que se han adquirido con el fin de que el bien produzca valor.

el tipo de actividades a las que se hace referencia con el concepto de economía colaborativa poco tienen que ver con relaciones de colaboración.

Uno de los filósofos contrarios a este tipo de prácticas es Byung-Chul Han (2014) que afirma que la economía del compartir conduce en última instancia a la comercialización total de la vida. Y subraya la importancia del dinero: “quien no posee dinero, tampoco tiene acceso al sharing”. Para este pensador surcoreano, “también en la economía basada en la colaboración predomina la lógica del capitalismo. De forma paradójica, en este bello compartir nadie da nada voluntariamente”.

¿Cuántos de ustedes poseen una taladradora? Rachel Botsman, la autora del libro The Rise of Collaborative Consumption, preguntó a la audiencia en TedxSydney en 2010. Previsiblemente casi todos levantaron la mano. “Ese taladro eléctrico se usará entre 12 y 15 minutos en toda su vida”, continuó Botsman con burlona exasperación. “Es un poco ridículo, ¿no?” Porque lo que necesitas es el agujero, no la taladradora.

Confidential Mode will push users further into Google’s own walled garden while giving them what we believe are misleading assurances of privacy and security.

It’s important to note at the outset that because Confidential Mode emails are not end-to-end encrypted, Google can see the contents of your messages and has the technical capability to store them indefinitely, regardless of any “expiration date” you set. In other words, Confidential Mode provides zero confidentiality with regard to Google.

But that’s only the beginning of the problems with Gmail’s new built-in IRM. Indeed, the security properties of the system depend not on the tech, but instead on a Clinton-era copyright statute. Under Section 1201 of the 1998 Digital Millennium Copyright Act (“DMCA 1201”), making a commercial product that bypasses IRM is a potential felony, carrying a five-year prison sentence and a $500,000 fine for a first offense. DMCA 1201 is so broad and sloppily drafted that just revealing defects in Google IRM could land you in court.

We believe that using the term “Confidential Mode” for a feature that doesn’t provide confidentiality as that term is understood in infosec is misleading.

But while followers may hate it, going private is a new way for professional and semi-professional Instagrammers to stay afloat in a crowded market on an increasingly volatile platform.

“People go private because they get more followers when a follower sends a post to their friends and that person has to follow the account in order to see. It’s that simple,” says Jack Wagner, a Los Angeles–based director who has run several meme accounts. “It’s just a weird technique somebody noticed one day and now lots of people do it.”

So instead of considering the practical ethics of impoverishing and exploiting the many in the name of the few, most academics, journalists, and science-fiction writers instead considered much more abstract and fanciful conundrums: Is it fair for a stock trader to use smart drugs? Should children get implants for foreign languages? Do we want autonomous vehicles to prioritize the lives of pedestrians over those of its passengers? Should the first Mars colonies be run as democracies? Does changing my DNA undermine my identity? Should robots have rights?

Asking these sorts of questions, while philosophically entertaining, is a poor substitute for wrestling with the real moral quandaries associated with unbridled technological development in the name of corporate capitalism. Digital platforms have turned an already exploitative and extractive marketplace (think Walmart) into an even more dehumanizing successor (think Amazon). Most of us became aware of these downsides in the form of automated jobs, the gig economy, and the demise of local retail.

But the more devastating impacts of pedal-to-the-metal digital capitalism fall on the environment and global poor. The manufacture of some of our computers and smartphones still uses networks of slave labor. These practices are so deeply entrenched that a company called Fairphone, founded from the ground up to make and market ethical phones, learned it was impossible. (The company’s founder now sadly refers to their products as “fairer” phones.)

Meanwhile, the mining of rare earth metals and disposal of our highly digital technologies destroys human habitats, replacing them with toxic waste dumps, which are then picked over by peasant children and their families, who sell usable materials back to the manufacturers.

Tal y como aparece en la orden ministerial, las plataformas de alquiler vacacional deberán identificar al titular de la vivienda (y, en su caso, del que tiene el derecho a cederla) y a las personas a las que se les alquila. También deberán dar la dirección completa y la referencia catastral del inmueble. El número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos, las fechas y el importe percibido por el titular deberán asimismo constar.

De manera opcional, pero para evitar eventuales peticiones de información adicional de la Agencia Tributaria, Airbnb, Homeaway y similares podrán dar también otros datos como la identificación del medio de pago utilizado (transferencia, tarjeta de crédito o débito u otro medio de pago).

Para Javier Gil, del Sindicato de Inquilinas, “es increíble que a estas alturas no haya un mayor control y que se pueda estar operando con múltiples pisos en plataformas como Airbnb y no se declaren las ganancias”. En todo caso, a su juicio “este tipo de medidas no solucionan los principales problemas que los pisos turísticos están generando, relacionados con la subida de los alquileres y la turistificación de la ciudad”.

Hace tres años que la Agencia Tributaria lleva a cabo una campaña específica sobre alquiler turístico, cuyas ganancias se deben incorporar en la declaración de la renta. En 2017 se enviaron 136.000 avisos a contribuyentes de la obligación de declarar esta actividad. Desde que comenzaron estas campañas, los rendimientos de capital inmobiliario declarados en la renta han crecido un 40%.

Todos sabemos lo difícil que es experimentar en un entorno tan intolerante al error como es la política y la gestión pública, donde los partidos y el poder mediático están siempre a la caza del fallo. En un escenario tan hostil, la Administración tiene que hilar fino para dar cierta seguridad como entidad garantista, y eso le obliga a habilitar dispositivos que “aíslen” la experimentación a un entorno controlado que ayude a gestionar mejor el riesgo.

Europa comenzó un gran declive social en los primeros años ochenta. Mientras en España la juventud, muy al loro, se dedicó a ejercer la dictadura de la fiesta (para mayor felicidad de una élite acojonada por las luchas sociales y la militancia roja en los barrios obreros), en el Reino Unido, la demolición del Estado del bienestar fue liderada por una ‘dama’ capaz de reprimir incluso las ansias evasivas de una juventud sin futuro, que en vez de bailamer pogo y escupir a los cantantes punk, se dedicó a buscar nuevas sensaciones bajo dosis depastillas y acid house. Unos nuevos contestatarios con píldora en la lengua acababan de surgir, al principio en discotecas, después, en las ilegales raves.