Autonomía digital y tecnológica

Código e ideas para una internet distribuida

Linkoteca. Ciudad


El servicio de inspección de Etxegintza rastrea los numerosos anuncios de pisos turísticos en busca de pruebas de prácticas irregulares en las cerca de 1.900 viviendas en régimen de alquiler que constituyen el parque municipal de VPO —el Gobierno vasco tiene su propio parque de VPO en régimen de alquiler y compra en la capital guipuzcoana y su propio equipo inspector—. En ocasiones, ante indicios de fraude, se han llegado a hacer reservas por internet haciéndose pasar por turistas para intentar pillar al usuario de la vivienda pública con las manos en la masa.

La principal pista se encuentra en el movimiento de turistas por estas zonas. Así, se vigila el trasiego de maletas o la presencia de matrículas extranjeras en las cercanías de las viviendas. A este último respecto, el servicio de inspección ha certificado la presencia de coches de diferentes nacionalidades en una misma plaza de garaje correspondiente a un beneficiario de VPO.

La labor inspectora es “muy importante”, pero la “clave” para que la unidad de vigilancia de apartamentos turísticos en VPO pueda detectar estas infracciones son las denuncias vecinales.

La otra práctica fraudulenta, que puede sonar ‘a priori’ menos grave pero que es “igual de prohibida”, es el intercambio vacacional de casa por casa que “se supone sin lucro económico”. Aquí, se ha certificado que el trueque se ha producido en un caso mientras en que otros dos se investiga si este se ha consumado finalmente tras la publicación del anuncio.

El propio mecanismo de construcción de las clases sociales en el mercado inmobiliario necesita la segregación para que haya un diferencial de precio. Como decía un amigo, tú pagas para que no estén los más pobres al lado de ti cuando compres una vivienda.

En el caso de Madrid, la gente que se ha ido a vivir a Getafe u otras ciudades del área metropolitana ha sido principalmente aquella con estudios, quedándose en los barrios originarios los padres sin estudios y familiares que no han prosperado. Ese barrio, en relación a la media nacional, está peor, aunque en términos absolutos quizá esté igual que hace diez años. Lo que pasa es que no ha mejorado al mismo nivel que las ciudades de nueva residencia de sus vecinos más prósperos.

La aparición de plataformas como Airbnb está generando controversias con vecinos y administraciones públicas. ¿Cómo valora la irrupción de este fenómeno?

Cuando utilizas un elemento residencial -que tenía un valor como tal y competía con otros precios- con fines turísticos se generan tensiones. Por un lado, la relación con los habitantes del edificio: si tu edificio es residencial, tú tienes derecho a que todos los pisos sean residenciales. Y si hay una parte que no es residencial, debe haber alguien a cargo, como en las pensiones. Ahora mismo tienes tres pisos en Airbnb y no tienes ni a quién dirigirte.

La otra tensión se produce desde el punto de vista de precios. Está claro que ganas mucho más alquilando a turistas que con un alquiler residencial, pero si eso es una actividad económica con esa tasa de beneficio, tiene que tener las mismas condiciones que cualquier otra actividad económica. Es lo que están intentando hacer algunos ayuntamientos: poner límites y, cuando se pongan, que haya servicios como punto de contacto, donde se pueda acudir en caso de conflicto. No solo por el alquiler, si no por los perjuicios que puede generar.

Ahí está la falacia de la economía colaborativa: un montón de gente encuentra un espacio desregulado y viva fuera de la norma. Si no pagas impuestos, eso no es economía colaborativa, es defraudación colaborativa.

El sistema está pensado para que pagues lo máximo que puedas. Es uno de los problemas de Internet y la economía colaborativa: te hace entrar en una subasta infinita contra miles de personas. Antes quien alquilaba un piso tenía unas pocas decenas de personas interesadas pero ahora, si el piso está en buena situación, hay miles de personas tras él, y siempre algunas tendrán más poder adquisitivo, lo que marca los precios.

También se ha producido una carencia de pisos en alquiler que viene por dos motivos. El primero, hay gente que no quiere vivir donde hay otro tipo de viviendas y empieza a competir en esta subasta por los espacios más próximos. Eso hace que las subastas se vayan extendiendo más allá de las zonas céntricas.

El otro fenómeno ha sido la nueva ley de arrendamientos urbanos, que pasó el contrato de cinco a tres años, con lo cual un montón de gente se ha encontrado con sus pisos sin inquilinos dos años antes, justo en el momento en el que todo el mundo está entrando en esa subasta.

Hay que regular el mercado de vivienda en alquiler, que es un bien social, para que tenga unas normas que lo hagan estable, que eliminen el efecto subasta. Es decir, al revés de lo que se está haciendo. Ahora mismo, a todo aquel que tiene un piso alquilado le descuenten un porcentaje en torno al 60% al hacer la declaración de la renta, independientemente del precio de la mensualidad, del tipo de alquiler o sus condiciones.

Habría que extender la supresión del factor subasta también a otros puntos. Las Viviendas de Protección Oficial (VPO) no deberían poder venderse libremente, pero entras en la página web del Ministerio [de Fomento] y casi lo primero que encuentras es cómo se puede desclasificar la vivienda VPO para pasarla al mercado y venderla.

Hay quien ya habla de una burbuja de la vivienda en alquiler.

La burbuja es un concepto distinto. Las burbujas financieras no se producen con la renta real, sino mediante créditos: tuvimos que importar dinero de fuera para las hipotecas. El concepto burbuja puede producir una reflexión poco clara sobre el tema. Lo que hay es una traslación de los fenómenos de desregulación sobre un mercado que tendría que tener una regulación mayor; por ejemplo, ampliando los tiempos de duración de contratos. El problema que nos encontramos no es tanto una burbuja, sino que el alquiler se ha desregulado.

Le droit à l’action nous permet d’aller au-delà de la notion de liberté individuelle d’accès aux ressources existantes. Cette approche met en avant le droit d’intervenir dans la création et la transformation de notre environnement, en tant que corps collectif. Cela implique la reconnaissance de l’exercice d’un pouvoir d’agir collectif dans la configuration de nos lieux de vie.

La venta de vivienda social ha sido sistemática durante los anteriores gobiernos municipales del Partido Popular. A la enajenación de 1.860 viviendas a Fidere por parte del Gobierno de Ana Botella que en estos momentos se encuentra judicializado, hay que sumarle otras 3.000 viviendas a otros fondos buitre.

“Hay que tener en cuenta que el parque de alquiler público no llega al 2% en Madrid, la incidencia es nula”, explica la arquitecta. “Siempre que hablemos del modelo Viena o el de otras ciudades europeas hay que tener en cuenta que en esos casos las ciudades cuentan con un elevado número de vivienda pública entorno al 20% o el 25% sino no hay manera de incidir en el precio”

Disponer de repente de un parque de vivienda pública del 20% del total para incidir en los precios del alquiler es casi imposible. Por eso, para Raquel Rodríguez hay otras medidas que se pueden poner en marcha desde ya que ayudarían a regular los precios desorbitados que sufren las grandes ciudades. A su juicio, los alquileres turísticos influyen pero no es el único problema.

La enajenación de patrimonio público ha sido una constante durante los últimos 20 años en la capital donde la política pública de vivienda se ha basado en la venta. La pérdida de viviendas públicas durante las últimas dos décadas se ha cuantificado en 23.000, según la EMVS, lo que supone que de no haberse producido todas estas ventas en la actualidad el Ayuntamiento de Madrid contaría con parque estimado de 29.000 viviendas.

Commons” showcases over a hundred sharing-related case studies and model policies from more than 80 cities in 35 countries. It witnesses a growing global movement and serves as a practical reference guide for community-based solutions to urgent challenges faced by cities everywhere. This book is a call to action meant to inspire readers, raise awareness, and strengthen the sharing movement worldwide. “Sharing Cities” shows that not only is another world possible — but that much of it is already here.

a plausible urban future based on cities acting as important sites for ‘data extractivism’ – the conversion of data harvested from individuals into artificial intelligence technologies, allowing companies such as Alphabet, Google’s parent company, to act as providers of sophisticated and comprehensive services. The cities themselves, the project insisted, would get a share of revenue from the data.