Autonomía digital y tecnológica

Código e ideas para una internet distribuida

Linkoteca. Madrid


Lime es una empresa estadounidense, fundada en 2017 y participada por Uber y Alphabet (el conglomerado al que pertenece Google), que llegó a Madrid a principios de agosto. De un día para otro, dejó cientos de patinetes eléctricos en la calle: su negocio consiste en alquilarlos por minutos a través de una app y en vender a sus usuarios la libertad de aparcarlos en cualquier sitio. La recién aprobada ordenanza de movilidad de Madrid les permite operar sin pasar por concurso ni licencia: solo exige a las empresas que compartan la localización de los vehículos y se reserva el derecho a limitar cuántos hay y en qué zonas se concentran.

la tasa de segregación escolar en Madrid, la más alta de España.

En la comunidad, según el informe de Save the Children Mézclate conmigo el índice de segregación escolar socioeconómica es 0,36. Es decir, para que no existiera segregación deberían redistribuirse en otros centros al 36% de los niños y niñas. Una situación que se agrava si se tiene en cuenta que la tasa de pobreza infantil en España es del 31% (uno de cada tres), según datos del Instituto Nacional de Estadística.

El propio mecanismo de construcción de las clases sociales en el mercado inmobiliario necesita la segregación para que haya un diferencial de precio. Como decía un amigo, tú pagas para que no estén los más pobres al lado de ti cuando compres una vivienda.

En el caso de Madrid, la gente que se ha ido a vivir a Getafe u otras ciudades del área metropolitana ha sido principalmente aquella con estudios, quedándose en los barrios originarios los padres sin estudios y familiares que no han prosperado. Ese barrio, en relación a la media nacional, está peor, aunque en términos absolutos quizá esté igual que hace diez años. Lo que pasa es que no ha mejorado al mismo nivel que las ciudades de nueva residencia de sus vecinos más prósperos.

La aparición de plataformas como Airbnb está generando controversias con vecinos y administraciones públicas. ¿Cómo valora la irrupción de este fenómeno?

Cuando utilizas un elemento residencial -que tenía un valor como tal y competía con otros precios- con fines turísticos se generan tensiones. Por un lado, la relación con los habitantes del edificio: si tu edificio es residencial, tú tienes derecho a que todos los pisos sean residenciales. Y si hay una parte que no es residencial, debe haber alguien a cargo, como en las pensiones. Ahora mismo tienes tres pisos en Airbnb y no tienes ni a quién dirigirte.

La otra tensión se produce desde el punto de vista de precios. Está claro que ganas mucho más alquilando a turistas que con un alquiler residencial, pero si eso es una actividad económica con esa tasa de beneficio, tiene que tener las mismas condiciones que cualquier otra actividad económica. Es lo que están intentando hacer algunos ayuntamientos: poner límites y, cuando se pongan, que haya servicios como punto de contacto, donde se pueda acudir en caso de conflicto. No solo por el alquiler, si no por los perjuicios que puede generar.

Ahí está la falacia de la economía colaborativa: un montón de gente encuentra un espacio desregulado y viva fuera de la norma. Si no pagas impuestos, eso no es economía colaborativa, es defraudación colaborativa.

El sistema está pensado para que pagues lo máximo que puedas. Es uno de los problemas de Internet y la economía colaborativa: te hace entrar en una subasta infinita contra miles de personas. Antes quien alquilaba un piso tenía unas pocas decenas de personas interesadas pero ahora, si el piso está en buena situación, hay miles de personas tras él, y siempre algunas tendrán más poder adquisitivo, lo que marca los precios.

También se ha producido una carencia de pisos en alquiler que viene por dos motivos. El primero, hay gente que no quiere vivir donde hay otro tipo de viviendas y empieza a competir en esta subasta por los espacios más próximos. Eso hace que las subastas se vayan extendiendo más allá de las zonas céntricas.

El otro fenómeno ha sido la nueva ley de arrendamientos urbanos, que pasó el contrato de cinco a tres años, con lo cual un montón de gente se ha encontrado con sus pisos sin inquilinos dos años antes, justo en el momento en el que todo el mundo está entrando en esa subasta.

Hay que regular el mercado de vivienda en alquiler, que es un bien social, para que tenga unas normas que lo hagan estable, que eliminen el efecto subasta. Es decir, al revés de lo que se está haciendo. Ahora mismo, a todo aquel que tiene un piso alquilado le descuenten un porcentaje en torno al 60% al hacer la declaración de la renta, independientemente del precio de la mensualidad, del tipo de alquiler o sus condiciones.

Habría que extender la supresión del factor subasta también a otros puntos. Las Viviendas de Protección Oficial (VPO) no deberían poder venderse libremente, pero entras en la página web del Ministerio [de Fomento] y casi lo primero que encuentras es cómo se puede desclasificar la vivienda VPO para pasarla al mercado y venderla.

Hay quien ya habla de una burbuja de la vivienda en alquiler.

La burbuja es un concepto distinto. Las burbujas financieras no se producen con la renta real, sino mediante créditos: tuvimos que importar dinero de fuera para las hipotecas. El concepto burbuja puede producir una reflexión poco clara sobre el tema. Lo que hay es una traslación de los fenómenos de desregulación sobre un mercado que tendría que tener una regulación mayor; por ejemplo, ampliando los tiempos de duración de contratos. El problema que nos encontramos no es tanto una burbuja, sino que el alquiler se ha desregulado.

La venta de vivienda social ha sido sistemática durante los anteriores gobiernos municipales del Partido Popular. A la enajenación de 1.860 viviendas a Fidere por parte del Gobierno de Ana Botella que en estos momentos se encuentra judicializado, hay que sumarle otras 3.000 viviendas a otros fondos buitre.

“Hay que tener en cuenta que el parque de alquiler público no llega al 2% en Madrid, la incidencia es nula”, explica la arquitecta. “Siempre que hablemos del modelo Viena o el de otras ciudades europeas hay que tener en cuenta que en esos casos las ciudades cuentan con un elevado número de vivienda pública entorno al 20% o el 25% sino no hay manera de incidir en el precio”

Disponer de repente de un parque de vivienda pública del 20% del total para incidir en los precios del alquiler es casi imposible. Por eso, para Raquel Rodríguez hay otras medidas que se pueden poner en marcha desde ya que ayudarían a regular los precios desorbitados que sufren las grandes ciudades. A su juicio, los alquileres turísticos influyen pero no es el único problema.

La enajenación de patrimonio público ha sido una constante durante los últimos 20 años en la capital donde la política pública de vivienda se ha basado en la venta. La pérdida de viviendas públicas durante las últimas dos décadas se ha cuantificado en 23.000, según la EMVS, lo que supone que de no haberse producido todas estas ventas en la actualidad el Ayuntamiento de Madrid contaría con parque estimado de 29.000 viviendas.

Cartel de la iniciativa Un barrio feliz

El proyecto del colectivo Un Barrio Feliz desarrollado dentro del taller Open Up de Medialab Prado hasta el pasado 23 de febrero no ha hecho más que generar polémica. Y no es una expresión, es que no ha querido ser nada más. En su presentación, el proyecto consistía enhackear el sistema técnico que registra las imágenes de videovigilancia para poder mostrarlas en la pantalla de la nueva fachada digital. Luego el hackeo técnico se torno sistémico y la idea era colocar otras cámaras debajo de las instaladas por el ayuntamiento para registrar lo mismo.

El responsable del proyecto, David Rodríguez, recibió un aviso de demanda por vulnerar la Ley Española de Protección de Datos. Como se explica en Madridiario, además de que el hackeo es falso, ni siquiera se han grabado las imágenes en calles con cámaras:

Las calles que grabamos no tienen cámaras de videovigilancia, salíamos en las imágenes y hasta montamos la instalación delante de las cámaras del Ayuntamiento para que se viese que era mentira. Si el sistema controlara algo, deberían haber actuado al respecto ¿no?

Precios de alquiler de larga duración en Madrid, según Airbnb

‘Fake news’ de Airbnb para convencer a Cifuentes y Carmena. La empresa ha publicado un informe que tiene poca credibilidad, lleno de imprecisiones, que omite datos y contiene demasiados sesgos. Desmontamos los cuatro mitos principales.

Airbnb dice en su informe que un 81% de los anfitriones tienen un único anuncio. Pero han omitido la cantidad de anuncios que tienen el 19% restante. Es decir, han omitido que un 3,11% de los anfitriones controla el 23,42% de la oferta en Airbnb.

Además, si nos centramos en las noches de hospedaje: el 0,44% de los anfitriones con más de 20 ofertas controlan el 10,53% de las noches de hospedaje; y aquellos con entre seis y 20 ofertas, controlan el 18,09% del mercado. El mercado de Airbnb lo controlan profesionales

En Madrid, durante varios lustros, algunos barrios han sido objeto de controvertidos planes de rehabilitación. Estos planes no eran acompañados de las debidas medidas de control que se anticiparan y contuvieran los efectos previsibles de encarecimiento y consiguiente desplazamiento de las capas de población más vulnerable económicamente (la ahora famosa gentrificación). Tampoco aseguraban la rehabilitación de las viviendas de las personas más necesitadas, ni apostaban por la presencia de una oferta de alquiler asequible. Muy al contrario, pareciera que alentaran un proceso de revalorización de la propiedad y de apertura al mercado de nuevas posibilidades de negocio (es el caso del “Plan MadRe” del consistorio). El resultado de esas y otras operaciones liberalizadoras, centradas en la consideración de la vivienda como un negocio ha tenido efectos muy desiguales y ha impulsado un nuevo ciclo de alto rendimiento de la vivienda como inversión. Es en este caldo de cultivo donde un fenómeno global, lo que ahora llamamos turistización, ha prendido en el centro urbano.

En este artículo presentamos, con algunas figuras, la situación a la que hemos llegado. Previamente debemos advertir que los datos disponibles están muy lejos de la calidad que un tema de esta importancia requeriría, ya que no se han dedicado recursos públicos a encuestas y estudios de alcance suficiente (pese a peticiones reiteradas de agentes sociales). Algunos de estos datos pueden obtenerse de fuentes privadas como Idealista o del interesante proyecto Atlas de la Turistificación. ¿Qué nos dicen estos datos?

¿Afecta de igual modo el incremento de los alquileres en unos barrios que en otros? Para hacernos una idea podemos usar el precio medio de las ofertas de alquiler y la renta media por hogar.

Esta combinación de datos sirve para señalar algunos barrios en los que sin duda gran parte de la población no tiene capacidad para pagar los precios que se están ofertando en estos momentos. Es decir, es susceptible de ser expulsada en corto plazo.

el Ayuntamiento de Madrid anunció una serie de medidas para regular los alojamientos turísticos. Las medidas consisten principalmente en dos cosas: un plan especial urbanístico y una moratoria parcial de un año mientras se elabora.

Sabemos que afecta únicamente a suelo residencial, pero, ¿por qué? Esto significa que en las parcelas clasificadas como “de uso terciario” se podrán abrir sin problemas alojamientos turísticos…

la moratoria incluye dos cosas: no dar, de momento, ninguna licencia para hotel en edificio residencial (bien) y no dar, de momento, ninguna de las nuevas licencias urbanísticas para VUT que se definan en la nueva normativa. ¿Qué va a pasar con las VUT que existen ahora mismo o las que abran a partir de ahora? Evidentemente ahora mismo ninguna VUT tiene esa licencia. ¿Las van a cerrar todas? No parece probable. El anuncio del Ayuntamiento dice que «En los distritos en los que han quedado suspendidas las licencias, sólo podrán ofertarse desde la legalidad urbanística aquellas que ya dispongan de las correspondientes licencias».

¿Qué licencias se van a considerar válidas? Damos por hecho que las que emite la Comunidad de Madrid serán necesarias pero no suficientes. Aun esas las tienen, hoy en día, un porcentaje muy pequeño de las VUT (alrededor de un 10%), aunque la Comunidad seguirá otorgándolas. Suponemos que un porcentaje aún menor contará con algún tipo de licencia urbanística, así que, de hecho, el Ayuntamiento debería inspeccionar y cerrar la inmensa mayoría. Si la idea es tener de algún modo manga ancha con las que ya existen, ¿cómo van a saber cuáles son previas a la moratoria? Según lo que sabemos, no existe un censo municipal de VUT, ni cuentan tampoco con la colaboración de plataformas como AirBnB.

el Ayuntamiento quiere limitar las VUT para que no se alquilen más de 90 días al año. ¿Cómo se va a controlar que esos pisos no se alquilen más de 90 días?

Tampoco se entiende la insistencia del Ayuntamiento en los 90 días cuando el requisito fundamental es el segundo: que sea residencia permanente. Fundamental porque es el que realmente lo valida como economía colaborativa (se comparte un uso).

City Island, an island in the heart of the city. It’s occupying the vacant site of a former public indoor swimming pool. A developer demolished the building to build a new shopping center. But financial crisis interrupted these developing plans and the plot became a leftover, surrounded by a construction fence right in the heart of the popular and pulsing district of La Latina, Madrid.

Here the collective exyzt installed it’s on 3 weeks extended contribution to the noche en blanco of Madrid. The city island, was a temporary but lively public space to enjoy the shade of the rainforest and its lagoon. After three weeks and a massive public interest, collective exyzt moved but left sufficient building material and a well prepared ground for a neighbourhood initiative, which supported by local architecture collectives started El Campo de Cebada.

Detener la concesión de licencias es urgente y la moratoria la mejor herramienta para ello. La moratoria que queremos debe seguir dos criterios para atender la profundidad del problema: uno primero dirigido a aquellos barrios que ya estén saturados de plazas turísticas y otro para los más vulnerables al incremento de precios de las viviendas y la expulsión de vecin@s.

…además del encarecimiento del alquiler, la invasión de viviendas turísticas está ocasionando problemas de ruidos por el ocio nocturno que se traslada al interior de los edificios, además de impactos ambientales y necesidad de más infraestructuras y servicios, por el aumento de consumo de agua o residuos.

En el último año, el precio de los alquileres en Madrid ha subido en algunos distritos hasta un 18%, un encarecimiento que desde el movimiento vecinal y por el derecho a la vivienda relacionan con el cambio en la Ley de Arrendamientos Urbanos, que rebaja el plazo máximo de los contratos de cinco a tres años, pero también con la turistificación y con otros procesos, como el de la financiarización.

…una ley con la que la Comunidad de Madrid abre aun más las puertas a aumentar el número de viviendas de uso turístico en Madrid. Según advierten desde la FRAVM, entre las novedades que contempla el proyecto de decreto se incluye que hasta las habitaciones puedan ser alquiladas para uso turístico, no contempla límites de tiempo sin que sea necesaria una licencia y permite que hasta el 75% de un edificio sea para usos turísticos.