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La venta de vivienda social ha sido sistemática durante los anteriores gobiernos municipales del Partido Popular. A la enajenación de 1.860 viviendas a Fidere por parte del Gobierno de Ana Botella que en estos momentos se encuentra judicializado, hay que sumarle otras 3.000 viviendas a otros fondos buitre.

“Hay que tener en cuenta que el parque de alquiler público no llega al 2% en Madrid, la incidencia es nula”, explica la arquitecta. “Siempre que hablemos del modelo Viena o el de otras ciudades europeas hay que tener en cuenta que en esos casos las ciudades cuentan con un elevado número de vivienda pública entorno al 20% o el 25% sino no hay manera de incidir en el precio”

Disponer de repente de un parque de vivienda pública del 20% del total para incidir en los precios del alquiler es casi imposible. Por eso, para Raquel Rodríguez hay otras medidas que se pueden poner en marcha desde ya que ayudarían a regular los precios desorbitados que sufren las grandes ciudades. A su juicio, los alquileres turísticos influyen pero no es el único problema.

La enajenación de patrimonio público ha sido una constante durante los últimos 20 años en la capital donde la política pública de vivienda se ha basado en la venta. La pérdida de viviendas públicas durante las últimas dos décadas se ha cuantificado en 23.000, según la EMVS, lo que supone que de no haberse producido todas estas ventas en la actualidad el Ayuntamiento de Madrid contaría con parque estimado de 29.000 viviendas.