Autonomía digital y tecnológica

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Passe sanitaire : quelle surveillance redouter ?

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Le passe sanitaire est la traduction d’évolutions techniques qui pourraient supprimer ces anciennes limites et permettre à cette forme de répression de s’appliquer à l’ensemble de la population, pour une très large diversité de lieux et d’activités.

Elle permet notamment de confier à des dizaines de milliers de personnes non-formées et non-payées par l’État (mais simplement munies d’un smartphone) la mission de contrôler l’ensemble de la population à l’entrée d’innombrables lieux publics, et ce, à un coût extrêmement faible pour l’État puisque l’essentiel de l’infrastructure (les téléphones) a déjà été financée de manière privée par les personnes chargées du contrôle.

Désormais, et soudainement, l’État a les moyens matériels pour réguler l’espace public dans des proportions presque totales.

Ce parallèle nous permet d’apporter une précision importante : qu’il s’agisse du passe sanitaire ou de la détection automatique des comportements « anormaux », ces systèmes ne nécessitent pas forcément un contrôle d’identité. Le logiciel d’imagerie qui signale votre comportement « anormal » se moque bien de connaître votre nom. De même, en théorie, le passe sanitaire aussi pourrait fonctionner sans contenir votre nom – c’est d’ailleurs ce que prévoyait la loi initiale sur la sortie de crise ou, plus inquiétant, ce que proposent désormais certaines entreprises en se fondant non plus sur le nom mais le visage. Dans ces situations, tout ce qui compte pour l’État est de diriger nos corps dans l’espace afin de renvoyer aux marges celles et ceux qui – peu importe leurs noms – ne se conforment pas à ses exigences.

Même dans son format le plus sophistiqué, l’efficacité du passe sur le plan sanitaire resterait toujours à démontrer – il demeure de nombreuses incertitudes, que ce soit sur la valeur des tests au bout de 72 heures, sur le taux de transmission même une fois vacciné, sur le cas des nouveaux variants, sur l’efficacité de la contrainte pour inciter la population à se faire vacciner, ou sur la durée de validité à retenir pour les tests de dépistage.

Multan a La Liga de Fútbol de España por utilizar la aplicación oficial para espiar a los usuarios

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Al instalar la aplicación, la misma solicita permisos para acceder al micrófono y al sistema de geolocalización. De esta manera, cuando el usuario está en un lugar público, como puede ser un bar o un café, el micrófono del teléfono móvil se activa y es utilizado para analizar el sonido ambiente del entorno, el cual es contrastado con la base de datos para determinar si el audio corresponde a un partido cuyos derechos de reproducción son propiedad de LaLiga. Además del micrófono, la aplicación utiliza el sistema de geolocalización del equipo para ubicar el local desde el que se retransmite el partido y comprobar si se trata de un cliente. En caso de que no lo sea y que la emisión del partido sea ilegal, la entidad propietaria de los derechos de reproducción de los partidos ha llegado a enviar inspectores a los bares para comprobar que sean abonados.

Facebook va a invisibilizar las publicaciones que «casi» violan sus condiciones de uso

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La modificación más relevante es la que hace que se deje de dar visibilidad a los contenidos que están a punto de violar las condiciones de uso de Facebook. Es decir, las publicaciones que se acercan a las líneas rojas marcadas por la red sobre desinformación, violencia, incitación al odio, clickbait y amenazas; incluso aunque no hayan violado estas condiciones de forma estricta.

El Internet que nos dejan no está tan lejos de la telebasura

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El verdadero problema es que las infraestructuras de la nueva tecnología digital están en manos de monopolios de facto privados. Nos hemos dado cuenta de que, además, estás empresas han estado realizando una promoción fraudulenta de sí mismas, que no se corresponde con su real actividad. Se definen como compañías tecnológicas pero en realidad son empresas publicitarias: por eso tenemos un sistema de comunicación coptado por la publicidad y, por tanto, por los fines mercantiles y de consumo.

El Estado conoce a sus ciudadanos menos y peor que los conocen estas empresas privadas. El estado ha perdido capacidad de iniciativa, ha perdido capacidad de reacción. Es momento de lo público y de instituciones como la UE en cuanto a crear un marco jurídico que garantice derechos individuales y colectivos, en cuanto a infraestructuras, en cuanto a apoyo de empresas estatales de carácter nacional, que deberían ser calificadas como estratégicamente sensibles. Todos los circuitos de comunicación no pueden estar sometidos a un embudo discrecional de una potencia extranjera.

El polémico hackeo de las cámaras de vigilancia de Lavapiés

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Cartel de la iniciativa Un barrio feliz

El proyecto del colectivo Un Barrio Feliz desarrollado dentro del taller Open Up de Medialab Prado hasta el pasado 23 de febrero no ha hecho más que generar polémica. Y no es una expresión, es que no ha querido ser nada más. En su presentación, el proyecto consistía enhackear el sistema técnico que registra las imágenes de videovigilancia para poder mostrarlas en la pantalla de la nueva fachada digital. Luego el hackeo técnico se torno sistémico y la idea era colocar otras cámaras debajo de las instaladas por el ayuntamiento para registrar lo mismo.

El responsable del proyecto, David Rodríguez, recibió un aviso de demanda por vulnerar la Ley Española de Protección de Datos. Como se explica en Madridiario, además de que el hackeo es falso, ni siquiera se han grabado las imágenes en calles con cámaras:

Las calles que grabamos no tienen cámaras de videovigilancia, salíamos en las imágenes y hasta montamos la instalación delante de las cámaras del Ayuntamiento para que se viese que era mentira. Si el sistema controlara algo, deberían haber actuado al respecto ¿no?

A smarter smart city

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Sidewalk Labs says the sensor information would also support long-term planning. The data would fuel a virtual model of Quayside, which urban planners could use to test infrastructure changes quickly, at low cost, and without bothering residents. It could also be stored in a shared repository that entrepreneurs and companies could draw on to make their own products and services for Quayside.

Unsurprisingly for a company spawned, in part, by technologists, Sidewalk thinks of smart cities as being rather like smartphones. It sees itself as a platform provider responsible for offering basic tools (from software that identifies available parking spots to location-based services monitoring the exact position of delivery robots), much as Google does with its smartphone operating system, Android. Details are still under discussion, but Sidewalk plans to let third parties access the data and technologies, just as developers can use Google’s and Apple’s software tools to craft apps.

Though Sidewalk Labs says the data would be used for a community purpose, such as giving transit discounts to low-income residents, regulating building temperatures, and keeping trash cans from overflowing, not everyone is convinced. “There are definitely questions about whether Sidewalk Labs will try to make money by tracking people’s daily interactions,” says David Roberts, who studies cities at the University of Toronto. “What data will be collected, how personal will it be, how will it be used, and who will have access to it?”