La modificación más relevante es la que hace que se deje de dar visibilidad a los contenidos que están a punto de violar las condiciones de uso de Facebook. Es decir, las publicaciones que se acercan a las líneas rojas marcadas por la red sobre desinformación, violencia, incitación al odio, clickbait y amenazas; incluso aunque no hayan violado estas condiciones de forma estricta.
El verdadero problema es que las infraestructuras de la nueva tecnología digital están en manos de monopolios de facto privados. Nos hemos dado cuenta de que, además, estás empresas han estado realizando una promoción fraudulenta de sí mismas, que no se corresponde con su real actividad. Se definen como compañías tecnológicas pero en realidad son empresas publicitarias: por eso tenemos un sistema de comunicación coptado por la publicidad y, por tanto, por los fines mercantiles y de consumo.
El Estado conoce a sus ciudadanos menos y peor que los conocen estas empresas privadas. El estado ha perdido capacidad de iniciativa, ha perdido capacidad de reacción. Es momento de lo público y de instituciones como la UE en cuanto a crear un marco jurídico que garantice derechos individuales y colectivos, en cuanto a infraestructuras, en cuanto a apoyo de empresas estatales de carácter nacional, que deberían ser calificadas como estratégicamente sensibles. Todos los circuitos de comunicación no pueden estar sometidos a un embudo discrecional de una potencia extranjera.
El proyecto del colectivo Un Barrio Feliz desarrollado dentro del taller Open Up de Medialab Prado hasta el pasado 23 de febrero no ha hecho más que generar polémica. Y no es una expresión, es que no ha querido ser nada más. En su presentación, el proyecto consistía enhackear el sistema técnico que registra las imágenes de videovigilancia para poder mostrarlas en la pantalla de la nueva fachada digital. Luego el hackeo técnico se torno sistémico y la idea era colocar otras cámaras debajo de las instaladas por el ayuntamiento para registrar lo mismo.
El responsable del proyecto, David Rodríguez, recibió un aviso de demanda por vulnerar la Ley Española de Protección de Datos. Como se explica en Madridiario, además de que el hackeo es falso, ni siquiera se han grabado las imágenes en calles con cámaras:
Las calles que grabamos no tienen cámaras de videovigilancia, salíamos en las imágenes y hasta montamos la instalación delante de las cámaras del Ayuntamiento para que se viese que era mentira. Si el sistema controlara algo, deberían haber actuado al respecto ¿no?
Sidewalk Labs says the sensor information would also support long-term planning. The data would fuel a virtual model of Quayside, which urban planners could use to test infrastructure changes quickly, at low cost, and without bothering residents. It could also be stored in a shared repository that entrepreneurs and companies could draw on to make their own products and services for Quayside.
Unsurprisingly for a company spawned, in part, by technologists, Sidewalk thinks of smart cities as being rather like smartphones. It sees itself as a platform provider responsible for offering basic tools (from software that identifies available parking spots to location-based services monitoring the exact position of delivery robots), much as Google does with its smartphone operating system, Android. Details are still under discussion, but Sidewalk plans to let third parties access the data and technologies, just as developers can use Google’s and Apple’s software tools to craft apps.
Though Sidewalk Labs says the data would be used for a community purpose, such as giving transit discounts to low-income residents, regulating building temperatures, and keeping trash cans from overflowing, not everyone is convinced. “There are definitely questions about whether Sidewalk Labs will try to make money by tracking people’s daily interactions,” says David Roberts, who studies cities at the University of Toronto. “What data will be collected, how personal will it be, how will it be used, and who will have access to it?”
Nothing to Hide (Oct. 2016), by Marc Meillassoux and Mihaela Gladovic, questions the growing, puzzling and passive public acceptance of massive corporate and governmental incursions into individual and group privacy and rights through the «I have nothing to hide» argument.
