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Australia fue el primer país del mundo en impedir, desde el pasado diciembre, el acceso a las redes a millones de menores. No hay, por tanto, demasiada experiencia previa sobre un experimento similar. Ni siquiera existe consenso científico sobre si los móviles son buenos o malos a esa edad (o a cualquier otra). Un estudio publicado este mes por la Universidad de Mánchester siguió la evolución de 25.000 niños y niñas de entre 11 y 14 años a lo largo de tres años, y concluyó que ni las redes ni los videojuegos se relacionan con el empeoramiento de su salud mental. El debate se suele centrar en los efectos psicológicos de la tecnología, pero puede generar otro tipo de problemas. Y dejando aparte los informes, sobre lo que sí existen evidencias es de la mala fe de las plataformas, que fomentan la violencia, el acoso, la sexualización, la polarización, el engaño y la adicción de los menores por el bien del negocio. La discusión sobre las puertas y el campo es tan vieja como internet, y viene acompañada por la hipervigilancia ante una potencial pérdida de libertades. Porque, ¿quién decide qué es una red social?, ¿qué órgano la supervisa?, ¿cómo garantizar que actúa de forma efectiva, pero sin extralimitarse? También hay que preguntarse cómo podemos impedir que caigan en otras tecnologías inseguras para acceder a lugares aún más peligrosos y ocultos de internet. Y, sobre todo, de qué manera proteger su derecho a aprender, crear, relacionarse, informarse, expresarse y divertirse. Muchas cuestiones complicadas pueden ser ciertas a la vez: hay verdad en que las redes son atroces, pero también en la cuestión que plantea Ezra Scholl, un quinceañero australiano cuadrapléjico, en The Guardian: “¿Qué pasa con quienes estamos aislados?