Desde la década de los años veinte empieza a plantearse en España la posibilidad de incorporar la fotografía aérea a los trabajos catastrales, realizándose los primeros experimentos al respecto en los años treinta. Entre tanto, fue la iniciativa privada, representada por la Compañía Española de Trabajos Fotogramétricos Aéreos (CETFA), la que asumió el grueso de las labores fotogramétricas, trabajando de manera sucesiva para las Confederaciones Hidrográficas, la Diputación de Navarra, los Ayuntamientos, o incluso los propios servicios del Estado, el Instituto Geográfico Nacional y el Ministerio de Hacienda
