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A pesar de la falta de datos oficiales, la realidad es que la gentrificación en Valencia está siguiendo el mismo camino que el de ciudades como Madrid o Barcelona. Según los datos de las plataformas inmobiliarias, en Ciutat Vella, una de cada diez viviendas del barrio está publicitada en Airbnb, y en Russafa, el porcentaje está entre el 7% y el 10%. Esta situación, que se está comenzando a extender por más barrios de la ciudad, ha provocado una subida del precio medio del alquiler. Según datos extraídos del portal inmobiliario Fotocasa, el precio medio para arrendar una vivienda ha subido un 45% desde el año 2014, y un 10% tan solo el año pasado. En 2017 tuvieron lugar 1.096 desahucios en toda Valencia, de los cuales un 75% fueron derivados del impago del alquiler. Aunque no existen datos oficiales, estas expulsiones de gran parte del vecindario son invisibles y se están dando con mayor fuerza aún en los barrios del centro que se están viendo vaciados de residentes, Ciutat Vella y Russafa.

El caso del barrio de Russafa destaca por ser víctima de dos procesos a la par, el de gentrificación y el de turistificación, ambos derivados del crecimiento inmobiliario. Para la portavoz de la Plataforma per Russafa, Inma Bauset, el barrio ha pasado por cuatro etapas hasta llegar a la situación actual: abandono, estigmatización, regeneración y mercantilización.

A pesar de estas señales, desde la asociación Russafa Veïnal denuncian que el Ayuntamiento de Valencia no ha declarado el barrio de Russafa como una Zona Turísticamente Saturada, sin tener en cuenta las continuas peticiones de los vecinos.

Actualmente los vecinos de este distrito están en pleno proceso de alegaciones para la aprobación del PEP (Plan Especial de Protección) de Ciutat Vella, que tiene como objetivo paralizar la concesión de licencias turísticas y fomentar la ‘residencialidad’ en el barrio. Para Lluís Mira, este plan “promueve la turistificación y es una desprotección absoluta para los vecinos”.

Las plataformas vecinales, englobadas en València no està en venda, coinciden en que ni el territorio ni la vivienda deben ser una mercancía en beneficio de unos pocos y en perjuicio de la mayoría, sino que deben ser un derecho de las personas y un bien común a gestionar.