El colectivo Todo por la Praxis, activo desde 1999, reúne a diversos colectivos artísticos activos en la ciudad de Madrid. A finales de abril lanzaron la Campaña AntiTriball:

A principios de 2008, con el titular Triball compra un barrio se presentó a la ciudadanía el proyecto Triball. Bajo estas siglas se esconde una maraña de empresas cuya actividad durante estos meses se ha centrado en la compra de locales en el centro de Madrid. Las calles de Ballesta, Desengaño, Barco y otras que abarcan desde Gran Vía hasta el barrio de Malasaña son ahora de Triball. De la fachada de más de 50 locales de esas calles cuelga un cartel que los identifica como propiedad de Triball.

La presencia policial en la zona se ha intensificado, ahora hay cámaras de vigilancia y el ayuntamiento se prepara para convertir en peatonales algunas de esas vías. Todo el que parece extranjero que se topa con la policía se ve obligado a enseñar su documentación. Los locales de alterne que han estado presentes en esas calles en los últimos lustros han sido comprados por Triball

Además de comprar numerosos locales en la zona, Triball ha organizado una carrera popular, conciertos, mercadillo, y ha invitado a artistas y diseñadores a ocupar sus espacios organizando exposiciones, show rooms y tiendas de moda. A estos diseñadores se les ha ofrecido la posibilidad de adquirir los locales que ocupan convirtiendo así esta iniciativa en una promoción encubierta de pisos piloto.

Triball se niega a alquilar los locales que ha comprado a nuevos negocios ligados a la prostitución y a ciudadanos, principalmente chinos o latinoamericanos, que opten por abrir tiendas de alimentación o locutorios. “Porque ese tipo de negocio no encaja en la filosofía de barrio que pretendemos extender”, explica Eduardo Moreno, presidente de la firma. El objetivo es hacer de este barrio una especie de Soho londinense.

La intención última de este proyecto es puramente mercantilista. El objetivo real de Triball no tiene nada que ver con la imagen que intentan proyectar: La recuperación y revitalización de un barrio adornada con contenidos culturales. Las declaraciones impúdicas de uno de los socios de Triball desvelan sus intenciones. Miguel Ángel Santa Ibáñez declaraba: “Queremos recuperar una zona de Madrid para darle valor”. Evidentemente este valor no es simbólico, ni de uso, es puramente mercantil: Cambiando la cara del barrio subirá el precio del metro cuadrado del suelo. Y los beneficios serán para sus nuevos dueños: Triball.

No nos engañemos. Triball no es una organización filantrópica que acoge y apoya a artistas y diseñadores. Es una inmobiliaria como otra cualquiera que se sirve de las armas del marketing urbano para poner en práctica un arquetípico plan de gentrificación, que supondrá la expulsión de los vecinos de la zona y repercutirá de manera determinante entre sus habitantes.

Y cuando el negocio se termine se irán a otra parte abandonándolo a su suerte porque ¿conoce alguien la historia del Soho londinense? Un barrio degradado, lleno de putas, yonquis, que fue recuperado por un grupo parecido a Triball, convertido en lugar de acogida de artistas y diseñadores y que ahora se encuentra vacío, desestructurado, sin yonquis, sin putas, sin artistas, VACíO. La historia se parece ¿verdad? ¿Es este el modelo que queremos seguir?

Pretende denunciar la situación mediante una pegada de carteles por la zona remodelada por Triball. Cualquiera puede enviar su propuesta de cartel al blog de Todo por la Praxis hasta el 27 de mayo y será incluido en la galería de carteles; luego se seleccionarán 45 que serán los que se peguen en las calles.

Vía Hipercroquis.

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Imaginaos un concurso público cuyo objeto fuera la «adquisición de vehículos Audi para su uso en los servicios de transporte de la Comunidad de Madrid». El escándalo estaría servido.

La ley 30/2007 de Contratos del sector público dice en su artículo 101.8:

Salvo que lo justifique el objeto del contrato, las especificaciones técnicas no podrán mencionar una fabricación o una rocedencia
determinada o un procedimiento concreto, ni hacer referencia a una marca, a una patente o a un tipo, a un origen o a una producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertas empresas o ciertos productos. Tal mención o referencia se autorizará, con carácter excepcional, en el caso en que no sea posible hacer una descripción lo bastante precisa e inteligible del objeto del contrato en aplicación de los apartados 3 y 4 de este artículo y deberá ir acompañada de la mención «o equivalente».

Así pues, para evitar incumplir la ley incluyendo en los pliegos técnicos la exigencia de usar software de microsoft trasladan la mención al `objeto del contrato’; problema resuelto. La administración no necesita software para hacer funcionar sus equipos informáticos; necesita software de Microsoft. Es lo que se llama un `monopolio natural’ (como lo definió en su momento un medio del Grupo Editorial PRISA) y, por tanto, beneficioso. ¡Viva el libre mercado!

Por cierto, a quien tenga la tentación de echar pestes sobre el gobierno del PP le recuerdo que éste es el comportamiento habitual de todas las administraciones españolas (con algunas excepciones que se pueden contar con los dedos de una mano).

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Fue concejal de Medio Ambiente en 1989. En 1990 aseguró que deseaba convertirse en la primera mujer ministra de Defensa y en 1993 amenazó con encadenarse a una encina para evitar la tala de 200 árboles en la Casa de Campo a raíz de unas obras de ampliación del metro previstas por la Comunidad de Madrid, gobernada entonces por el socialista Joaquín Leguina.

La amenaza es Esperanza. El País, 13 de abril de 2008

La M-50 se cerrará por el norte sí o sí. Y perforando el monte del Pardo con un túnel de 10 kilómetros. El Gobierno regional dio ayer luz verde al trámite de información pública de la futura carretera M-61, el nombre con el que ha bautizado el cierre norte de la cuarta vía de circunvalación de Madrid, la M-50, que unirá la A-1 (autovía de Burgos) con la A-6. El anteproyecto prevé la construcción de tres túneles a lo largo de los 32,8 kilómetros de la nueva vía, que costará 2.300 millones de euros. El consejero de Transportes e Infraestructuras, Manuel Lamela, aseguró ayer que no es necesaria la declaración de impacto ambiental del Ministerio de Medio Ambiente porque la carretera transcurre íntegramente dentro de la Comunidad de Madrid.

Aguirre perforará el monte del Pardo con un polémico túnel. El País, 28 de marzo de 2008

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